Oaxaca, un polvorín por conflictos agrarios
enero 29, 2012 | Autor cristhian
Burocratismo, incapacidad, desatención, indiferencia e irresponsabilidad de autoridades agrarias y del gobierno estatal han propiciado que se agudicen las disputas por la tierra entre pueblos vecinos
“Le hemos llamado muchas veces (al secretario general de Gobierno) para solicitar de manera urgente la intervención de la dependencia a su cargo, para evitar más muertes, pero no hemos sido atendidos, porque simplemente el funcionario no da la cara”. Moisés Jacinto López Hernández, presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Juan Mixtepec
Arturo Soriano
Una estela de violencia y muerte cubre al campo oaxaqueño, producto de la desatención, indiferencia, irresponsabilidad, burocratismo e incapacidad de las autoridades agrarias y del gobierno estatal para resolver añejos conflictos agrarios en las diversas regiones de la entidad.
Tan sólo el año pasado se registraron al menos 23 asesinatos ligados a las disputas por la tierra. La Secretaría General de Gobierno reconoce que en el estado de Oaxaca existen 130 conflictos agrarios pendientes de resolver, de los cuales 30 son considerados “focos rojos” y de ellos 19 son de alto riesgo.
Entre los conflictos considerados de alto riesgo destaca el de San Miguel y Santa María Chimalapas con núcleos agrarios chiapanecos. En la zona limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas priva un clima hostil y de tensión entre comuneros de ambas entidades por la disputa de 164 mil hectáreas de tierra, como resultado de la indiferencia de los gobiernos estatal y federal para resolver el problema que data de hace más de medio siglo.
Incluso, los municipios oaxaqueños de San Miguel y Santa María Chimalapa presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la invasión de 164 mil hectáreas de su territorio por parte del gobierno de Chiapas e hicieron un llamado al mandatario chiapaneco Juan Sabines para que frene la invasión y la provocación a la violencia, pues advirtieron que están dispuestos a defender sus tierras hasta las últimas consecuencias.
En la franja limítrofe, el Ejército Mexicano instaló el pasado lunes una Base de Operaciones Mixtas. Los militares se ubicaron en el Ejido Díaz Ordaz, municipio de Belisario Domínguez, Chiapas, para salvaguardar la integridad física, la paz y la tranquilidad de los habitantes de la zona.
Otros conflictos de alto riesgo son el de Santiago Tilapa (El Jicaral), Oaxaca, con Jicayán de Tovar, en Guerrero; San Pedro Mixtepec con Santa María Colotepec, Santa Catarina Juquila con San Juan Quiahije, en la región de la Costa; San Mateo del Mar con Santa María del Mar y San Francisco del Mar con San Francisco Ixhuatán, en el Istmo de Tehuantepec.
En la región mixteca están latentes los conflictos entre Santo Domingo Ixcatlán con Chalcatongo de Hidalgo, San Juan Mixtepec con Santo Domingo Yosoñama, San Sebastián Nopalera con Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Miguel Tecomatlán con San Francisco Jaltepetongo.
En la Sierra Sur están enfrentados los municipios de Santa María Zaniza con Santiago Amoltepec, Santiago Amoltepec con San Mateo Yucutindoo y Santiago Textitlán con San Pedro el Alto, mientras que en la Sierra Norte el conflicto más complicado es el de Santa Cruz Condoy contra Santa Cruz Ocotal.
En Valles Centrales, los conflictos donde puede desatarse la violencia en cualquier momento son el de Cuilapam de Guerrero con San Pablo Cuatro Venados; el de Santa Cruz Mixtepec con San Miguel Mixtepec, y el de Santa María Peñoles con Santiago Tlazoyaltepec.
Saldo rojo
El año pasado, el conflicto entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, en la Mixteca oaxaqueña, dejó ocho muertos, mientras que el de San Miguel Quetzaltepec y San Lucas Camotlán, en la región Mixe, cobró la vida de nueve personas y a la fecha hay dos desaparecidos.
La disputa entre los pueblos mixtecos del Jicaral, Oaxaca, y Jicayán de Tovar, en el estado de Guerrero, por la posesión de entre 100 y 150 hectáreas, dejó dos muertos y tres heridos; otros dos muertos se registraron durante un enfrentamiento entre Amoltepec y Yucutindoo, en la Sierra Sur.
Este año los conflictos agrarios ya cobraron su cuota de sangre. La primera víctima se registró el domingo 22 de enero en la Mixteca oaxaqueña, durante un tiroteo entre las comunidades de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca y Santo Domingo Yosoñama, Tlaxiaco.
Los hechos se registraron el domingo cuando un grupo de vecinos de Yosoñama llegó a un predio donde laboraban campesinos de Pueblo Viejo Mixtepec, en la zona de conflicto y después de una discusión verbal se accionaron armas de fuego. El saldo, una persona muerta y dos lesionados.
Yosoñama y Mixtepec, pueblos ubicados a unos 300 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca, se disputan desde 1945 una superficie de 780 hectáreas de tierra. El conflicto a la fecha ha cobrado 12 vidas de campesinos.
A pesar de clima de tensión y zozobra que impera en la zona, el gobierno del estado no ha entablado ningún diálogo con las comunidades en disputa, denunció el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Mixtepec, Moisés Jacinto López Hernández.
Dijo que antes de los lamentables hechos, comuneros de Mixtepec solicitaron la intervención del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, para establecer las bases de la solución a la disputa que mantienen con Yosoñama, pero el funcionario “sólo esconde la cabeza en espera de que los problemas se resuelvan solos”.
“Le hemos llamado muchas veces para solicitar de manera urgente la intervención de la dependencia a su cargo, para evitar más muertes, pero no hemos sido atendidos, porque simplemente el funcionario no da la cara”, acusó.
El representante comunal responsabilizó a Martínez Álvarez de ser el responsable del recrudecimiento de los conflictos políticos, sociales y agrarios en la entidad, por la desatención gubernamental.
Moisés Jacinto López Hernández indicó que ayer buscó el diálogo con funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, sin embargo, pese a sus insistencias “nadie nos atendió”.
Expuso que su población percibe la falta de voluntad e interés del gobierno estatal por resolver los conflictos que generan violencia en su comunidad, y advirtió que la situación podría agudizarse si no existe mayor vigilancia en la zona.
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